El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular.

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular.

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular.

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular
 

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

El secretario de Planeación Municipal, Mauricio Mejía Abello, aseguró que en Bucaramanga hay 20 mil predios con obras en su antejardín o fachada que violan lo dispuesto en la norma urbanística.

Según el Funcionario, el decreto 1452 de 1998 confirma lo que leyes y decretos anteriores disponían, y es que los antejardines de cada casa no hacen parte de la propiedad privada, sino del espacio público.

Es decir, los cerramientos, rejas o construcciones similares que endurecen los antejardines no están permitidos en todo el país.

Esta práctica es común en los barrios que tienen casas de más de 20 o 30 años, en sectores como Provenza, San Alonso, San Francisco, La Joya o Diamante II, por poner algunos ejemplos.

Estas viviendas se habrían convertido en blanco fácil de los abogados de la ciudad, quienes interponen acciones populares denunciando la invasión del espacio público, lucrándose a costa de cada proceso que le ganan al Municipio y a los dueños de los predios.

Según calcula Mejía Abello, en los próximos días y meses serán fallados cerca de 150 acciones populares contra igual número de inmuebles de la capital santandereana, que obligarían al propietario a demoler dichas obras ilegales.

Solo en el caso de Provenza, según denuncian sus residentes, habría cerca de 60 predios amenazados, por lo que ayer realizaron una protesta pacífica en la calle 101 con carrera 23.

“Es un atropello”

Ayer un grupo de residentes afectados de Provenza realizó una protesta en el sector, pues decenas de propietarios se han visto obligados a demoler los antejardines y fachadas de sus casas, ya que comenzaron a fallarse varias acciones populares que fueron instauradas en 2010 un abogado.

“Nos dicen que se deben tumbar las rejas y todas las reformas que se han hecho, cuando nosotros hemos respetado todos los parámetros. Estas casas son de los años 1980 y 1990, la gente hizo sus reformas, pero nunca hemos invadido”, dijo un propietario que prefirió no dar su nombre.

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó que los dueños de los predios afectados ya están haciendo demoliciones porque “la gente se siente atropellada, dicen que si no se demuele, entonces les cobran multas de 50 salarios mínimos. No es lógico porque las reformas se hicieron hace 15 años y entonces el Municipio no dijo ni hizo nada. ¿Si eso era ilegal, por qué no hicieron el control necesario en ese tiempo?”

Entre los afectados habría adultos mayores que tienen hasta 75 años de edad, por lo que los residentes les pidieron a las autoridades y a la Defensoría del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

$2 mil millones al año

Al ser consultado sobre la problemática en Provenza, el secretario de Planeación reconoció que durante muchos años hubo permisividad y las autoridades locales no hicieron los controles respectivos, pero indicó que “la norma urbanística siempre ha existido, no es algo solo de ahora con el POT, y el hecho de desconocerla no exime a los propietarios de cumplirla (ver recuadro).

El Funcionario indicó que el Municipio también se ha visto afectado por esta ola de acciones populares, pues los fallos vinculan al Municipio y si los propietarios de las casas no cumplen con lo exigido, es la Alcaldía la que debe responder.

“Al año nos estamos gastando aproximadamente $2 mil millones solo en estas demoliciones” agregó.

“La norma hay que cumplirla”: Mejía Abello

El secretario de Planeación indicó que es preocupante la situación que se vive en algunos barrios, pero aseguró que el desconocimiento de la normativa no exime a los propietarios de su cumplimiento y afirmó que los casos de espacio público no prescriben, por lo que no importa si las obras se hicieron hace 20 ó 30 años.

“Es cierto que durante muchos años hubo mucha permisividad por parte del Municipio y por ello está pasando lo que está pasando, pero la norma es clara y hay que cumplirla”, agregó.

El funcionario indicó que tiene conocimiento de casos concretos donde la demolición de estas obras ilegales afecta sustancialmente los predios y se está mirando con el juez cómo se debe proceder, pues “se entiende que hay personas que no pueden pagar la demolición y la reconstrucción de sus casas, especialmente en los casos donde los dueños son adultos mayores”.

Se siguen lucrando con acciones populares

Expertos con los que dialogó esta redacción indicaron que si bien en el 2010 se eliminaron los incentivos en las acciones populares, aún hay abogados lucrándose con esta práctica, pues a ellos se les sigue pagando por las costas procesales, es decir, el valor que el juez determina por el gasto del proceso, el cual es pagado por el litigante que pierde la acción popular al litigante que lo gana.

Aún así, sí habría una disminución en las acciones populares, pues mientras antes un abogado podía recibir más de $5 millones por acción popular ganada, ahora solo le pagan por costas procesales entre $1 millón y $2 millones.

En el caso concreto de las acciones populares que se instauran por los antejardines que son endurecidos, las costas procesales serían pagadas por el dueño del predio o el Municipio de Bucaramanga al abogado que presentó la acción popular

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/288534-habria-20-mil-predios-que-no-cumplen-norma-urbanistica. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.